En el marco de la controversia entre fiscales y jueces sobre los derechos de las víctimas en el sistema penal, se suman nuevos respaldos que fortalecen la posición del juez de Garantías, Diego Sanz. Tras los comunicados del Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS) y el Colegio de Magistrados, ahora el abogado penalista Roly Olivera y otro letrado han hecho público un documento que respalda la postura de Sanz y critica la interpretación de la fiscal Claudia Salica.
El debate gira en torno a cómo deben ser atendidos los derechos de las víctimas. Mientras Salica argumenta que es suficiente su consentimiento por escrito para garantizar reparaciones, el juez Sanz demanda su presencia en las audiencias para validar esta voluntad. Este desacuerdo ha generado una fuerte discusión institucional, donde la defensa del juez también recibió el apoyo de CONFIAS y el Colegio de Magistrados.
En su intervención, Olivera y su colega respaldan firmemente el enfoque de Sanz, argumentando que la Ley 1851-O, que introdujo el sistema acusatorio en San Juan, amplía intencionalmente los derechos de las víctimas en comparación con el antiguo Código Procesal Penal. En su documento, insisten que es esencial favorecer la participación activa de las víctimas en el proceso judicial.
Los abogados cuestionan la interpretación de CONFIAS, que sostiene que los jueces no pueden imponer condiciones no expresadas en la ley. Para ellos, este argumento ignora el artículo 12 del Código Procesal Penal, que indica que cualquier disposición relacionada con la víctima debe ser interpretada para promover su participación efectiva. Según ellos, el nuevo código otorga más derechos, no menos.
También refutan el concepto de "revictimización institucional" usado por CONFIAS para argumentar en contra de la presencia de las víctimas en las audiencias. Aseguran que permitir que una víctima hable ante un juez no es una forma de revictimizarla, sino un reconocimiento de sus derechos dentro del sistema penal.
Finalmente, plantean preguntas sobre el rol de las Asesorías Oficiales, considerando que su misión incluye la protección de los derechos de individuos en situación de vulnerabilidad, muchas veces en calidad de víctimas. El documento concluye subrayando la importancia del rol judicial, enfatizando que los jueces no deben ser meramente receptores de los fiscales, sino defensores de los derechos de todas las partes involucradas.