El enfrentamiento judicial que involucra a la fiscal Claudia Salica y al juez de Garantías Diego Sanz ha dado un nuevo giro, y ahora dependerá de un magistrado de superior jerarquía su resolución. Según información de Del Sur Diario, la fiscal coordinadora de Delitos Contra la Propiedad había recusado a Sanz, quien se negó a apartarse del caso, lo que llevó a Salica a impugnar dicha decisión. Ahora, un juez deberá analizar el tema y determinar si Sanz debe seguir al mando de la causa.
Este conflicto surgió a raíz de una audiencia sobre una banda de robarruedas, donde dos imputados buscaban un acuerdo de reparación integral. A pesar de que las víctimas habían dado su consentimiento por escrito, Sanz exigió su presencia, lo que generó una fuerte confrontación entre los actores del proceso. Salica consideró que esta exigencia no contaba con apoyo legal y, tras su planteo de recusación, Sanz continuó con su actuación en la causa.
La tensión entre las partes ha crecido, y la impugnación de Salica ahora es objeto de evaluación por un juez de mayor rango. Mientras tanto, el conflicto no solo se limita a este caso particular, sino que ha desencadenado un debate más amplio sobre la relación entre jueces y fiscales en el sistema judicial sanjuanino.
El Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS) ha expresado su apoyo a Salica, criticando los requerimientos del juez Sanz y argumentando que obligar a las víctimas a testificar nuevamente representa una "revictimización". Afirman que tal práctica no está justificada en la legislación vigente y defienden el enfoque del Ministerio Público Fiscal en estos procesos.
Por otro lado, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan apoyó la posición de Sanz, señalando que la citación de las víctimas es un derecho legítimo del juez, necesario para garantizar que sean escuchadas adecuadamente.
Con la impugnación presentada, el caso ha trascendido a un nivel más formal y exigirá una respuesta clara por parte de un tribunal superior, lo que podría tener importantes repercusiones no solo en la causa de los robarruedas, sino también en el futuro de las interacciones entre fiscales y jueces en el ámbito judicial de San Juan. Ahora, todos los ojos están puestos en la decisión que tomen los magistrados sobre esta delicada cuestión, que podría marcar un cambio significativo en el entramado judicial local.