La comunidad mendocina se prepara para un posible aumento en las facturas de gas, que podría llegar a ser de entre el 30% y el 50% durante los meses más fríos del invierno. Este aumento inminente ha llevado a los legisladores de diversos espacios políticos a unirse en un frente común, dejando de lado las diferencias partidarias.
Los representantes coinciden en que la eliminación de los subsidios no solo perjudica a las familias, sino que también impacta de manera negativa en la economía de todo el entramado comercial y productivo local. Por esta razón, han decidido llevar la lucha a los tribunales, buscando mantener el beneficio que consideran crucial para la supervivencia económica de Mendoza.
La senadora provincial Adriana Cano destacó el efecto en la economía provincial, señalando que un incremento en las tarifas afecta directamente a cada hogar y, a su vez, disminuye el consumo en otros sectores, lo que afecta al comercio y la producción. Cano hizo hincapié en que el subsidio de la Zona Fría no debe considerarse un privilegio, sino un reconocimiento necesario de la realidad climática y social de Mendoza.
Asimismo, el senador Dugar Chappel alertó sobre las repercusiones que tendrá la quita de subsidios, especialmente para las familias vulnerables que dependen del gas envasado para sus necesidades básicas. La eliminación de estos fondos podría resultar en aumentos significativos en el precio de las garrafas, afectando especialmente a quienes viven en zonas rurales y periféricas, donde el acceso a la red de gas natural es limitado.
El debate no solo se ha enfocado en el impacto económico, sino que también se ha dirigido a la responsabilidad de los legisladores mendocinos en el Congreso y la postura del gobernador Alfredo Cornejo. Los críticos han pedido que el gobernador defienda los intereses de Mendoza en lugar de priorizar acuerdos políticos con el gobierno nacional, evidenciando una falta de acción ante la crisis de subsidios.
Ante esta situación, los legisladores han decidido que la resistencia no se limitará a pronunciamientos legislativos, sino que buscarán bloquear el aumento a través de acciones judiciales. Los equipos técnicos de los distintos partidos están trabajando en el diseño de estrategias legales para no solo presentar acciones de rechazo, sino también para recurrir a medidas cautelares y amparos colectivos que protejan a los usuarios mendocinos.
Desde el bloque opositor enfatizan que el asunto trasciende solo tarifas; se trata del derecho de las familias a mantener sus hogares calientes durante el invierno y de la responsabilidad de los representantes de Mendoza de velar por el bienestar de su gente en un contexto de creciente presión tarifaria.